El Círculo Empresarial de Atención a la dependencia, CEAPs, denuncia la oportunidad perdida por el Gobierno en su propuesta de Presupuestos Generales del Estado que, a pesar de recoger un importante incremento del presupuesto (500 millones de euros) para cubrir el nivel mínimo de financiación y recuperar el nivel acordado, les ha llevado a apostar nuevamente por la excepción que contempla la ley, en vez de por la atención y los cuidados profesionales, y de nuevo se propone financiar una pequeñas cuotas a la seguridad social de los cuidadores familiares (no profesionales) en el ámbito del Sistema de Dependencia. El sistema de dependencia se creó con una Ley que lanzó el gobierno socialista del presidente Zapatero que establecía en su artículo 14,4 como excepcional la recepción de una prestación económica para ser atendidos por cuidadores no profesionales.
Actualmente, hay alrededor de diez personas mayores de 85 años por cada 100 de 45 a 65 años según el INE. En 2051, según la previsión de futuro, la ratio de apoyo familiar se habrá cuadruplicado (más de 40 por cada 100) por lo que desde CEAPS valoramos es que fundamental el APOYO PROFESIONAL YA QUE LAS PERSONAS QUE COTICEN COMO CUIDADORES NO PROFESIONALES TENDRÁN UN ACCESO AL SISTEMA DE PENSIONES PRECARIO, algo que abalan informes independientes como el desarrollado por la Fundación Caser en diciembre de 2018 ya que lo que el Gobierno está ofreciendo es la cotización mínima, que no permite progresión y que cronifica y convierte a las mujeres en “asistentes” que ven su vida “cronificada” al igual que la que la persona dependiente. Tras unos años de cuidados, desde el cariño, de una familiar dependiente, no se ha cotizado lo suficiente para generar una pensión y no se consigue ninguna cualificación para volver al mercado de trabajo.
“Lo que desde Ceapsopina es que el dinero público se tiene que invertir en la profesionalización y aumento de la calidad de vida de las personas mayores”, explica Cinta Pascual, presidenta de Ceaps que añadía que “nadie cuida a su padre, madre, esposo o esposa por 200 ó 300 euros al mes, sino por amor y cariño, sin pensar en el sobre coste que tiene eso para él o ella, por eso nosotros queremos es que realmente se prime a la calidad de vida de todas las personas”.
Además Pascual finalizaba expresando que “lo que el Gobierno hace estableciendo esta ayuda es devolverse el dinero así mismo. Todo lo que se da al cuidador no profesional de forma de cotización vuelve directamente al Estado, es decir, se lo paga así mismo, no ofrece una contraprestación que implique una mejora en la calidad de vida de las personas”.
Mientras, en los presupuestos, no se tiene en cuenta que en la actualidad existe un sector empresarial profesionalizado, en su mayoría mujeres, que trabajan en el sector de la dependencia, que es un sector en expansión, de futuro, intensivo en mano de obra, estable y no deslocalizable y con presencia en todo el territorio nacional, tanto urbano como rural. Factores fundamentales que, junto a la importancia que tiene el sector en el que trabajan, el de las personas más vulnerables, es transcendental poner en valor de cara, tanto a los profesionales como a la sociedad. Así como que cabe destacar que el sector empresarial privado ha sido el motor de crecimiento de empleo por cuenta ajena en el ámbito de actividad de los cuidados profesionales.
“La apuesta por el cuidador informal provoca también la falta de valoración social que supone un desinterés para que una persona decida formarse como cuidador profesional” señalan desde Ceaps, y según los diversos estudios demuestran que “la prestación económica para cuidados en el entorno familiar está promoviendo la contratación de cuidadores de forma no regulada, lo que fomenta la economía sumergida en el sector.
FINANCIÓN AÚN INSUFICIENTE Y MAL REPARTIDA
Por otro lado, desde Ceaps, aunque valora positivamente el importante esfuerzo trabajado desde el IMSERSO para aumentar las partidas estatales (más de 500 millones de euros para nivel mínimo y nivel acordado) también se denuncia que la financiación del Sistema por las Administraciones Públicas, que como se explica en el punto 1 de la Norma debe “ser la suficiente para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que correspondan a las Administraciones Públicas competentes y se determinará anualmente en los correspondientes Presupuestos” y que ésta se produce de forma desigual dependiendo del territorio. Esto lleva, por ejemplo a que en comunidades como Castilla y León la comunidad aporte el 80 por ciento del importe que le corresponde a la aportación pública, mientras el estado aporta el 20 y la Ley establece que sería el 50 por ciento, o que el Convenio Estatal que se encuentra en 872,30 euros bruto/mes, tenga discrepancias que el Convenio Provincial de Sevilla está en 1.130,46 euros bruto/mes, con las consecuentes diferencias para los profesionales y los empresarios por desempeñar un puesto de trabajo. Además, es imprescindible que la financiación que se hace llegar a las CC.AA. tenga carácter finalista para asegurar que se destina a la Dependencia y no a otros fines distintos.
La realidad se demuestra con la existencia de largas listas de espera para la obtención de los servicios con el grado de Dependencia, ya reconocido, con el ‘limbo de la dependencia’. Por otro lado, CEAPs, en nombre de sus asociados, trabaja y solicita una revisión de los precios públicos, ya que en algunas regiones llevan más de diez años sin actualizarse y están alejados de los costes reales y de la inflación acumulada.
CEAPS
El Círculo Empresarial de Atención a la Dependencia (CEAPS) que es la mayor asociación de atención a la Dependencia de España. De hecho, cuenta con más de 180.000 plazas y servicios que aportan las respectivas patronales territoriales y las empresas (más de 1.800) que emplean a más de 80.000 trabajadores.
Creado hace dos años, está integrado por las patronales mayoritarias de atención a los mayores y personas con capacidades diversas de Cataluña, Castilla la Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Asturias, Aragón, Madrid, Navarra, País Vasco y Andalucía, y empresas de ámbito nacional como TunstallTelevida y Macrosad.
22-01-2019
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