La oposición ve ilegal la suspensión de las ayudas para pagar a las residencias

La consejera de Bienestar, Neus Munté, defiende en el Parlament que el recorte es “extraordinario y transitorio”

Aumentan las voces críticas contra la suspensión de nuevas prestaciones para los dependientes que pagan una cama en residencias privadas a la espera de una plaza pública, las llamadas PEV. A los reclamos del síndic de greuges, Rafael Ribó, se han sumado el de la Asociación Catalana de Recursos Asistenciales (ACRA) y el de la oposición en el Parlament, que han calificado el recorte de “ilegal”. La consejera de Bienestar Social, Neus Munté, defendió ayer en la comisión parlamentaria que el recorte es “extraordinario y transitorio” y aseguró que el mandato del Parlament es que se reactiven antes de septiembre.

La concesión de nuevas PEV se frenó en seco en agosto del año pasado. La Generalitat argumentó en su día problemas de tesorería para hacer frente a la ayuda, enmarcada en la Ley de Dependencia. Los beneficiarios de estas prestaciones han disminuido un 15% según las últimas cifras oficiales del despliegue de esta ley en Cataluña. Se ha pasado de 11.400 usuarios dependientes con una PEV en diciembre del año pasado a 9.719 en marzo. La patronal de pequeñas y medianas residencias geriátricas asegura que la deuda los está asfixiando y que no tienen manera de hacer frente a sus gastos.

En la comisión de ayer, la oposición en bloque citó un informe de ACRA, realizado por el bufete Vallbé y que concluye, entre otras cosas, que la prestación tiene el carácter de derecho subjetivo, por lo cual la Administración tiene la obligación de prestarlas, independientemente de la disponibilidad presupuestaria. Asimismo acusa al departamento de actuar de manera “arbitraria” e ilegal y de ignorar el mecanismo presupuestario que permite garantizar la financiación a través de transferencias de crédito de otras partidas.

La diputada socialista Eva Granados instó a Munté a presentar un informe jurídico que rebatiera las tesis del informe encargado por ACRA y que diera sustento a la decisión de la Generalitat de frenar las ayudas. Desde el Partido Popular, el diputado Rafael Luna pidió una revisión de la cartera de servicios del Generalitat. Precisamente desde la Asociación Catalana de Recursos Asistenciales aseguran que “la suspensión en el otorgamiento de las prestaciones requeriría de la aprobación de una norma que modificara la cartera de servicios”, lo cual se tendría que hacer en forma de decreto.

Sin embargo, Carmela Fortuny, directora general del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (ICASS), respondió que “ni queremos ni podemos terminar con la ayuda. Es una prestación que establece una ley estatal”. Munté por su parte explicó que el recorte está causado por los “los constantes recortes e incumplimientos del Estado” y recordó que mientras la ley de Dependencia establece que los gastos deben ser sufragados en partes iguales por el Estado y Cataluña, la Generalitat aporta el 80% del importe. La consejera también recordó que el 76% del presupuesto del departamento se destina a la ley de la Dependencia. “Sin este sobreesfuerzo, un 53% de los beneficiarios estarían fuera del sistema”, dijo la consejera.

Munté respondió así a las críticas que a principios de mes le hizo el Síndic, que aseguró que “la reducción del gasto no depende únicamente de la aplicación de la normativa estatal, y que el establecimiento de prioridades en el gasto público también es competencia de la Generalitat”. Desde ERC, Pere Bosch pidió “un nuevo paso y pasar de la queja a otra vía”, presentando un contencioso administrativo para que el Estado pague su deuda. La ecosocialista Laura Massana lamentó que “la financiación sea siempre la excusa”.

En los últimos tres meses, los beneficiarios de la ley de la Dependencia en Cataluña se han reducido un 4%, según los datos oficiales presentados ayer en la comisión. Pasaron de 156.333 en diciembre de 2013 a 150.342 a finales de marzo, casi 6.000 menos. La reducción también se ve reflejada en las prestaciones y servicios, que han pasado de 201.052 a 193.275 en el mismo periodo, un 3,8% menos.

Una de las prestaciones que tuvo un mayor descenso fue la de los cuidadores no profesionales, que en un trimestre pasaron de 104.211 en diciembre del año pasado a 100.015 en marzo. La Generalitat atribuye esta caída a los ajustes realizados desde el Ministerio de Sanidad.