A nadie coge por sorpresa que en los tiempos que corren las listas de espera, sean de lo que sean, cogen forma a lo largo año tras año. En Lleida, un total de 1.700 personas esperan una plaza para una residencia pública, según datos del mes de febrero facilitados por el Departament de Benestar Social i Família. Que haya esta cifra de retraso no significa que las personas no estén atendidas, sino que o no están en el centro que habían solicitado como primera opción, o bien reciben asistencia a domicilio. Así lo aseguran desde la cartera de la Generalitat que sólo expone como requisito para estar atendido el recibir una prestación derivada de la Ley de Dependencia.
En el conjunto de Catalunya la cifra de listas de espera asciende hasta los 17.000 afectados, 9.000 de ellos, pendientes de cobro de la Prestación Económica Vinculada (PEV). En este sentido, la Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA) afirmó ayer en un acto celebrado en Lleida que el Sistema Català de Serveis Socials tiene la obligatoriedad de pagar estas ayudas aunque la realidad presupuestaria sea adversa al tratarse de un derecho subjetivo. Según un estudio jurídico encargado por ACRA a un gabinete de abogados, las personas que se encuentran en situación de necesidad tienen derecho a recibirlas y la Administración tiene la obligación de prestarlas independientemente de su disponibilidad económica.
09-04-2014
L'ONADA SERVEIS