Dependientes y pendientes de una ayuda que no llegará

La suspensión por Bienestar de la prestación económica para residencias golpea a 4.000 familias

Nuria, de 83 años, apenas puede caminar. Acumula una retahíla de enfermedades —hepatitis, diabetes, artrosis y principios de demencia— que le han llevado a ser valorada como alta dependiente y a ingresar, por recomendación médica, en una residencia de ancianos. Las largas listas de espera para acceder a una plaza pública (17.000 personas, según las patronales de residencias) llevaron a su hijo, Alfons Garcia, a decidir ingresarla en un geriátrico privado el pasado agosto y a asumir temporalmente los costes de la plaza, mientras la Generalitat le concede la conocida como prestación económica vinculada (PEV), que ayuda a costear una plaza privada mientras consigue una cama en la pública.

Pero ese dinero no ha llegado ni sabe cuándo llegará, así que Alfons, de 63 años, se plantea jubilarse anticipadamente para pagar la residencia: “¿Qué hago con ella? ¿Dejo que se muera sola? Mi casa no está preparada para atenderla correctamente porque necesitamos una grúa para moverla y con mi sueldo no puedo mantenerla en una plaza privada”, se queja.

Alfons es una de las 500 personas afectadas este verano por la paralización de las PEV. La Generalitat anunció en julio que el paro sería por dos meses. Alfons esperaba empezar a cobrar la ayuda en octubre, pero el dinero no llegará. El lunes, el Departamento de Bienestar Social anunció en el último suspiro —ese mismo día expiraba la suspensión temporal— que el recorte será indefinido. La Asociación Catalana de Recursos Asistenciales (ACRA), una de las patronales de residencias, calcula que el nuevo recorte afectará a 4.000 personas en un año.

Son muchas las personas y familias que dependen de esta ayuda: los 2.000 euros mensuales que, de media, cuesta una residencia privada no son asumibles por muchos hogares. A Alfons le piden 1.700 euros, una cifra demasiado elevada teniendo en cuenta que cobra 426 euros de la prestación de desempleo y la madre recibe unos 1.000 euros de pensión. “Si me dijesen que van a darme la PEV de aquí en unos meses y voy a cobrar los atrasos, pido un préstamo para ir tirando, pero no te aclaran nada y así no puedo arriesgarme”, confiesa. Alfons hace números y se plantea adelantar su jubilación para hacer frente a estos pagos inmediatos, aunque sabe que a la larga perderá dinero de su propia pensión.

Los recortes no solo afectan a los nuevos dependientes que entran en el sistema. Bienestar no ha pagado ni un euro este año a las más de 11.000 personas que cuentan con este PEV, una quinta parte de las 57.000 plazas de residencias que existen. Teniendo en cuenta que esta prestación es de 700 euros, el impago de la Generalitat ascendía a los 60 millones hasta que decidió suspenderla. De hecho, Bienestar reconoció que no quería “hacer la deuda más grande”. A esto que hay que añadir otros impagos que afectan a la concertación de plazas en residencias privadas. En global, la Asociación Catalana de Recursos Asistenciales (ACRA), una de las patronales, asegura que la deuda asciende a 90 millones este año. Bienestar da por buena la cifra, porque admite no tener el cálculo.

“Estamos sufriendo muchísimo. Es un sector que crece y crea empleo, pero estos recortes, sumados a los impagos, están llevando al cierre a muchos centros", apunta Montse Llopis, directora general de ACRA. Según esta patronal, el pasado año cerraron 27 residencias, la mayoría debido al ahogo económico. Y sospechan que este año se clausurarán una treintena más. De hecho, las diferentes patronales aseguran que ya hay algunos centros en concurso de acreedores.

Josep Gasol, director de Residències Catalunya, no sabe cuánto podrá aguantar si se perpetúan los recortes y los impagos. La Generalitat le debe 200.000 euros —incluso de personas ya fallecidas—, una cifra difícil de soportar para su pequeña empresa, con dos residencias en Barcelona que dan trabajo a 24 personas. En total, cuenta con 41 plazas, todas ellas con subvención pública. “Dependemos totalmente de la Generalitat”, admite Gasol, que da cuenta de los perjuicios que ha padecido. “Hemos atrasado el pago a proveedores, sufrimos cada mes para pagar a los trabajadores y todavía debemos el 40% de las nóminas de julio del año pasado” [ese mes, la Generalitat dejó de pagar los servicios concertados, entre ellos las residencias].

Este empresario explica que sus residencias siguen a flote gracias al dinero que pone de su bolsillo, porque acudir a los créditos es casi imposible. “Ahora vas con una deuda reconocida de la Generalitat al banco y se ríen”, apostilla. Conociendo la situación de otras residencias, Gasol se considera un “privilegiado”. “Durante la época de bonanza teníamos un rincón, pero ahora ya casi nos hemos comido esa reserva y hemos recurrido al patrimonio”, se queja Gasol, a la vez que exige, igual que las patronales, que la Generalitat se ponga al corriente de pago. “Tenemos un límite y si esto dura hasta los que estamos mejor caeremos. Se cerrarán residencias y empresas y habrá más paro”.

El Estado recorta su parte

“La culpa es de Madrid”. Es un mantra que el Gobierno catalán repite para justificar los recortes. Aunque no siempre es verdad, en el caso de la Ley de Dependencia sí lo es. La norma fija que las Administraciones central y autonómica deben aportar la misma dotación al programa, pero en realidad, el Gobierno central lleva varios años reduciendo la suya, cosa que ha obligado a las comunidades autónomas a aumentar su parte.

“Es una deslealtad institucional. Y las comunidades, si quieren continuar atendiendo a la gente, deben poner más dinero”, explica José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación Estatal Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. En 2012, el Gobierno recortó en 126 millones (un 14%) su transferencia a Cataluña para el programa de la Dependencia. En cambio, la Generalitat aumentó inicialmente (a falta de conocer las cuentas liquidadas) su presupuesto en nueve millones (0,5%). El 70% del presupuesto de Bienestar se lo lleva la Dependencia, apuntan fuentes del departamento.

Este movimiento de la balanza se traduce en que el año pasado el 63% del gasto en dependencia lo cubrió la Generalitat, el 24% el Gobierno central y el 13% restante los usuarios, según cálculos de esta asociación basándose en datos oficiales. Una desproporción que Ramírez augura que aumentará, ya que los recursos estatales no aumentan y, en cambio, sí lo hace el número de usuarios (18.000 más en 2012).